Recordando a Cipriano García
Nuevamente la Editorial Bomarzo nos presenta un trabajo
de investigación en su colección de “Básicos de Derecho Social”, que ha sido
realizado por el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco José Trillo Párraga: Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos
laborales).
En el referido trabajo de investigación, el autor nos
sitúa ante uno de los problemas más importantes y candentes de la gestión de
los servicios públicos, como es el de la externalización de los mismos, para
que sean realizados normalmente por un tercero del sector privado.
Inicia su libro ofreciéndonos unos datos generales de la
composición y evolución de los empleados públicos, según las diferentes
administraciones, siendo una de las cuestiones que más incide en su trabajo dos
de los conceptos que suelen utilizarse para justificar la referida
externalización del servicio público, bajo el argumento de que las empresas
subcontratadas gozan de una mayor especialización además de ser más económicas,
es decir más EFICACES y EFICIENTES.
Me llaman la atención dos cuestiones que nos apunta el autor: una sería el cumplimiento del mandato constitucional
contenido en el art. 103.1 de la CE por el que las administraciones Públicas deben
servir “con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación…” recordándonos que en dichos principios no se encuentra
el abaratamiento de los costes laborales aunque este sea prestado por el sector
privado.
La otra cuestión que nos plantea es si con el progresivo
abaratamiento laboral que se genera en buena parte de las externalizaciones de
los servicios públicos, estos mantienen determinados niveles o garantías de
calidad de los mismos.
Es decir, los interrogantes que plantea Francisco José Trillo ponen en
cuestión los conceptos de mayor eficacia
y eficiencia que se le atribuyen al sector privado.
Este sector se ha centrado en el abaratamiento de los costes laborales
sobre la base de establecer peores condiciones en relación a cuando estos servicios
son prestados directamente por empleados públicos.
El trabajo de investigación que nos presenta el autor nos
apunta también otras aristas y efectos
jurídico-laborales de la externalización de los servicios públicos, como son
las elevadas tasas de temporalidad y rotación de personas trabajadoras o toda
la problemática que se genera cuando nos encontramos ante una sucesión de
empresas o la subrogación de los
contratos, pues es bastante frecuente que las mismas comporten modificaciones
sustanciales de condiciones de
trabajo. Asimismo, hay que tener en cuenta
que las administraciones públicas siguen teniendo un protagonismo esencial al ser las responsables finales del
servicio y, en ocasiones, de los medios
y/o instalaciones del servicio público, lo cual implica que en ocasiones nos encontremos ante otra de las figuras
controvertidas del derecho laboral como es la cesión ilegal de trabajadores/as.
Estos apartados del libro nos aportan el análisis del
autor en relación con los artículos 41, 42,
43 y 44 del Estatuto de
los Trabajadores, que nos lo acompaña con la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional. Todo ello adquiere mayor envergadura con
la irrupción de las empresas multiservicios, que como todo el mundo sabe, han
adquirido mayor relevancia a partir de la Reforma Laboral de 2012,
protagonizada por el gobierno del PP. Esta ha modificado
de manera sustancial la negociación colectiva y, por ende, las
condiciones de trabajo al otorgar prioridad aplicativa a los convenios de
empresa en detrimento de los convenios sectoriales.
Por último decir que el autor aborda también otros
derechos laborales que tienen la consideración de derechos fundamentales; nos
referimos al derecho de huelga y a la fijación de los servicios mínimos, pues
hablamos de servicios públicos, así como otros relacionados con la igualdad
entre mujeres y hombres.
En resumen, el libro de Francisco José Trillo es un buen
trabajo que merece la pena ser leído. Hay que seguir de cerca las reflexiones
que nos hace el autor, pues son cada vez más las voces que consideran que las administraciones
públicas deben recuperar para sí la gestión de buena parte de los servicios
públicos externalizados a pesar de las dificultades puestas por el actual gobierno central a que las actuales plantillas de
estas empresas que prestan sus servicios desde el sector privado puedan ser
incorporadas al sector público. Pero los gobiernos no son eternos, por fortuna,
y este es uno de los asuntos que deberemos ser capaces de incorporar a la
agenda pública para que sea asumido por las distintas fuerzas parlamentarias.
Buena lectura
Jesús
Martínez